Bolivia: El cambio llega a los tres poderes del Estado

Ricardo Sarmiento

La Epoca

 

Con la designación de 18 ministros, el presidente Evo Morales inició no solo una renovación del Poder Judicial sino también un cambio en la forma de elegir a sus autoridades, que ahora serán votadas por la ciudadanía. Más allá de la necesaria reforma que sufre la Justicia luego de años de profunda deslegitimación por las constantes acusaciones de cuoteo y corrupción, la “Ley Corta” hace más delgada la línea que separa “coordinación” de “control” entre los tres Poderes del Estado.

18 magistrados interinos fueron posesionados personalmente por el Primer Mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia antes del mediodía de este jueves. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Constitucional y la Judicatura llenaron con esto las acefalías que paralizaron en gran medida la plena actividad del Poder Judicial, vacantes producidas por renuncias de sus autoridades acusadas por retardación de justicia y otras irregularidades durante su interrumpida gestión.

Durante el primer mandato de Morales La CSJ quedó sin quórum luego de que su presidente, Eddy Fernández, y la ministra Rosario Canedo, renunciaran a sus puestos por los juicios entablados en su contra. Un total de 120 sillas vacías en los juzgados y un Consejo de la Judicatura con un solo vocal dejaron 5000 casos suspendidos en los archivos de las audiencias.

Así mismo, también magistrados del Tribunal Constitucional renunciaron bajo la presión de las denuncias: Wálter Raña, Elizabeth Íñiguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez, Artemio Arias y Silvia Salame, y dejaron la renovación del Poder Judicial como una prioridad para el Gobierno.

Esta renovación transitoria de la Justicia está encabezada por la nueva ministra de la CSJ, Ana María Forest, ex vicepresidenta de la Corte Electoral de Chuquisaca y ex directora del Instituto de Capacitación del Ministerio Público.

Luego de recibir su nuevo cargo, Forest se comprometió a acabar con la corrupción y la crónica lentitud de los procesos judiciales en Bolivia, además de mirar con agrado el cambio del Poder Judicial, “que nacerá de la voluntad soberana del pueblo y será una institución judicial acorde a la Constitución Política del Estado, por vez primera en la historia del país” 1.

Aquella necesidad de cambiar la forma en que se desenvuelve la Justicia en Bolivia fue también reiterada en el discurso del presidente Morales, pronunciado en la capital de Chuquisaca, Sucre, sede de la CSJ. “Hay que acabar con ese manejo oscuro de la justicia boliviana”, aseguró, invitando seguidamente a las nuevas autoridades a dignificar la profesión de la abogacía, cuya reputación es cuestionada por la mayoría de la población boliviana, “dignifiquen la profesión de la abogacía, que se sientan orgullosos (los abogados)”, exhortó.

Los nuevos ministros de la CSJ, además de Forest, son: Isacc Von Borries Méndez, Ramiro José Guerrero Peñaranda, Esteban Miranda Terán y Jorge Monasterio Franco.

En el Tribunal Constitucional los nuevos Magistrados son: Fausto Juan Lanchipa Ponce, Abigail Burgoa Ordóñez, Ernesto Félix Mur, Ligia Mónica Velásquez Castaño y Marco Antonio Valdivieso Jinez, con sus suplentes: Lily Marciana Tarquino López, Agapito Alpire Pére, Eve Carmen Mamani Roldá, Magali Zaida Calderón Maldonado y Nelma Teresa Tito Araujo.

Mientras que en la Judicatura los Consejeros son: Lindo Fernández Chile, Freddy Torrico Zambrana y Amalia Morales Rondo, llenando con esto todos los puestos vacíos de los últimos tres años.

Estas 18 autoridades judiciales deberán dar continuidad a los miles de casos archivados que se fueron acumulando en los últimos años. Solo en la CSJ quedan por sanear 13.000 procesos.

Una justicia deslegitimada

Casos como los del ex ministro de Salud, Tonchi Marinkovic, del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle o del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fueron solo la punta de un iceberg con décadas de lentitud judicial o simple y llana impunidad sumergidas. Esta endémica corrupción que nacía del centro de la propia institucionalidad jurídica también dio argumentos para la elaboración de una Ley Anticorrupción que actualmente se debate en el Senado.

Bolivia fue, pues, el segundo país más corrupto del mundo hasta 2001, situación que cambió favorablemente hasta 2008, bajando hasta el puesto 102, bajo los parámetros de Transparencia Internacional que destacó la lucha contra la corrupción del actual Gobierno. Sin embargo, serias irregularidades se cometían aún desde 2006.

La salida de Eddy Fernández de la CSJ fue impulsada en gran parte por la retardación de justicia en los casos del ex presidente Sánchez de Lozada por la masacre de 65 personas en las tumultuosas jornadas de octubre de 2003 y por el caso de la compra con sobreprecio del avión Beechcraft, por la cual Fernando Kieffer, el ex ministro de Defensa del ex dictador Hugo Banzer Suárez, no fue nunca imputado.

Por su parte, Canedo fue acusada por la Cámara de Diputados en 2009 por el delito de prevaricato en el caso del Banco Central de Bolivia contra el Banco del Sur, por el cual el Estado boliviano habría pagado la bancarrota de este último a principios de los años 90.

Además de estos tres procesos cuyo desarrollo está manchado por irregularidades que fueron perjudiciales tanto para familiares de victimas de masacres como para las arcas del Estado de Bolivia, también los juicios seguidos contra Tonchi Marinkovic, primo del fugitivo Branco Marinkovic, por conducta antieconómica durante el ejercicio de sus funciones, o del ex prefecto “Chito Valle”, sospechosos de una millonaria desviación de fondos en su gestión, hicieron que la crisis del Poder Judicial se hiciera más notoria.

En el caso de Marinkovic, la pena que la Justicia le impuso fue apenas tres años de prisión por la compra con sobreprecio de vacunas que representaron una pérdida de más de un millón de dólares para el Estado. Mientras que el caso de “Chito” Valle quedó impune, luego de que las constantes recusaciones que se le permitieron en su juicio hicieron que su caso prescribiera. Valle escapó de Bolivia en 2009 y es actualmente buscado por la INTERPOL.

Como antecedente de la Justicia boliviana y también relacionado al último gobierno de Sánchez de Lozada, está el caso del ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, quién aprovechó la inestabilidad política de los últimos días de su presidente para retirar dos millones de bolivianos de las arcas del Estado. “Son para solucionar la crisis”, explicó a los funcionarios del Banco Central de Bolivia cuando salía por la puerta.

Su caso es representativo en la pasada historia democrática de Bolivia pues se trata del primer caso de corrupción por el cual fue juzgado un alto funcionario de Gobierno. Su pena fue devolver el dinero robado y arresto domiciliario. “A muchos les corresponde una parte de mi condena” 2, reclamó.

A esto se debe sumar, además, la fuga de los principales líderes de la oposición a Morales en la anterior gestión, bajo sospecha de corrupción y terrorismo.

Como último ejemplo, a principios de este año Jorge Gutiérrez, ex fiscal de Distrito de La Paz, “se hizo el loco”, para evadir un procedimiento judicial en su contra por los cargos de prevaricato, uso indebido de influencias y retardación de justicia. Sus dientes apretados aparecen en la foto de una nota publicada por Erbol, que relata no solo el desengaño de su supuesta enfermedad mental, sino un último intento de escape y suicidio 3.

“No podemos negar la existencia de crisis en el Poder Judicial (…) el pueblo ha demandado un cambio profundo y drástico”, señaló la flamante ministra Forest mientras era posesionada. “Debemos acabar con el manejo oscuro de la justicia y con esa creencia de que la justicia es solamente para los que tienen dinero (…) porque cuando conspiran contra la Patria, la justicia debe actuar con decisión”, recalcaba durante el mismo acto el presidente Morales 4.

La “Ley Corta” y el debate político

“Control sobre los tres Poderes”, “coordinación entre los tres Poderes”, son dos perspectivas que se confrontaron antes y después de aprobada la “Ley Corta” en la Cámara de Diputados hace más de una semana. Observaciones internacionales y quejas desde el interior del país obligaron al Jefe del Estado de Bolivia a hacer algunas aclaraciones, entre ellas, que el pueblo boliviano será quien escoja ahora a sus autoridades judiciales.

Las denuncias de totalitarismo que la oposición política pone sobre el gobierno de Morales también fueron esgrimidas cuando la Cámara de Diputados estableció procesos judiciales contra los anteriores ministros de la CSJ, a pesar de que existían procedimientos que permitían tales acciones.

La supremacía de la que goza el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional permitió la aprobación directa y sin problemas de la normativa que le dio a Morales la prerrogativa de escoger ministros, magistrados y consejeros, además de establecer que desde el próximo año estas autoridades serán escogidas por voto popular. Esta supremacía también es criticada por otros partidos que ven desventaja en el Poder Judicial.

El poder que se le concedió al presidente no solo fue observado por sectores adversos al actual gobierno sino también por otros países durante el Examen Periódico Universal de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, Suiza, el dos días después de aprobada la “Ley Corta”.

Brasil, Suecia, Holanda, Dinamarca y Suiza, vieron con preocupación la independencia del Poder Judicial en Bolivia 5, a lo cual el presidente Morales respondió al recordar que durante los años de “democracia pactada” los partidos tradicionales se repartían los cargos y los tres Poderes estaban “sometidos”.

“Antes el poder judicial era nombrado por cuoteo político y ¿quién se repartía ahí? Los partidos que gobernaban con una democracia pactada, entre el MNR, ADN y MIR, todos juntos se repartían los principales instrumentos de la justicia boliviana”, reafirmó.

Una semana después, también aclararía que una mayor coordinación entre los Poderes del Estado no significaba una intervención de su parte en ninguno de ellos. “Es importante armonizar las reformas en los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el marco de un trabajo que beneficie al pueblo (…) no significa una intervención”, subrayó.

Al otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez denunció que, “no queremos totalitarismo, comunismo ni hegemonía absoluta de poderes en una sola persona como es el presidente Evo Morales; se tomarán todas las medidas necesarias para mantener la paz y la unidad”, según una nota de la Agencia EFE.

Sin embargo, organizaciones sociales como Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y Asociación de Productores de Coca en Chuquisaca, todas afines al actual proceso de cambio encabezado por el MAS, apoyaron la nueva designación de magistrados y la ley que hizo posible tal decisión.

La corrupción y el cuoteo político fueron constantes durante los gobiernos bolivianos, tanto en épocas de dictadura como en democracia. Los últimos casos de impunidad y retardación de justicia, desde Sánchez de Lozada hasta “Chito” Valle, brindaron argumentos al Gobierno para quitar viejas autoridades, poner nuevas y someter sus cargos a votación dentro de un año.

 

1. Nueva Ministra promete acabar en 10 meses con la retardación de justicia, Erbol, jueves 18 de febrero de 2010

2. Kukoc cumplirá condena por hurto, pero sin cárcel, El Deber, domingo 11 de julio de 2004.

3. Ex Fiscal que se hacía el loco pasa del centro psiquiátrico a dependencias de la Policía, Erbol, 21 de enero de 2010

4. Presidente inicia revolución estructural en la justicia de Bolivia, Forest presagia fin de lentitud de la justicia en Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI), jueves 18 de febrero de 2010

5. Evo objeta críticas y dice que hay independencia de poderes, La Prensa, 12 de febrero de 2010

http://www.la-epoca.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1654

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