Mario Alejandro Valencia
El río San Sebastián, al oriente de El Salvador, se secó. Fue el resultado de más de 50 años de explotación minera en la región de Santa Rosa de Lima, que ha traído irreversibles impactos ambientales y eliminó las posibilidades económicas de miles de habitantes. Hoy a quienes viven en la rivera de lo que antes era el río solo les queda un drenaje ácido que sale de la mina y sus ingresos de menos de un dólar al día les hace imposible comprar el agua potable que les ofrece la transnacional de agua, cerveza y gaseosa, Sab-Miller. La población que rodea la mina Taladrón se quedó sin el agua, sin el oro y sin las ganancias que de ella provinieron. Como si la miseria en que está sumida la comunidad no fuera suficiente argumento, la transnacional Commer Group, de Estados Unidos, se ha valido del TLC con Centroamérica para demandar por 100 millones de dólares al Estado salvadoreño, con el argumento de obstaculizar el comercio por no otorgarle el permiso ambiental para seguir explotando la mina. Lo mismo hizo la Pacific Rim, de capital canadiense y estadounidense, demandando por la misma suma, por no permitir la explotación de la mina El Dorado, al norte de El Salvador.
En Guatemala, también firmante del TLC con Estados Unidos, la situación no es muy diferente. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, en la frontera con México, resisten el accionar de la estadounidense Goldcorp, y las comunidades del oriente se preparan para el inicio del proyecto Cerro Blanco, en un área protegida forestalmente. Por cuenta de las medidas tomadas por el magnate y ex – presidente Álvaro Arzú, Guatemala reformó su ley minera y ya no recibe el 6% de regalías, sino el 1%; todo para las transnacionales, nada para el pueblo. Es tanto el asalto que sufren, que sus habitantes dicen que el Estado termina pagándole a las compañías para que se lleven el oro. Ahora Arzú aspira a ser el vicepresidente de Sandra de Colom, esposa del actual presidente, y profundizar la política minera que convierte a estos países latinoamericanos en enclaves neocoloniales de Estados Unidos. En Honduras está concesionado el 31% de su territorio total para exploración minera. Durante la dictadura de Micheletti se aprovechó para aprobar más de 240 concesiones mineras. El gobierno canadiense ha prometido su voto positivo para el reingreso de este país a la OEA si acepta una reforma a la ley de minas que privilegie la inversión extranjera en esta actividad.
El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas: según el PNUD dos millones de salvadoreños, el 35% de su población, viven en tugurios, por debajo de la línea de pobreza. Este ha sido el resultado de 20 años de neoliberalismo en Centroamérica, el mismo modelo que aplicó Colombia desde Céssar Gaviria y que profundizó Uribe Vélez hasta llevarlo a un nivel superior de sumisión y entrega de la riqueza de este país.

























































