Emma Gascó y Martín Cúneo
Diagonal
Carlos Rivera fue uno de los seis abogados que el 7 de abril de 2009 consiguieron que el presidente Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos.
“La familia de Fujimori se convirtió en una red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado”.
DIAGONAL: ¿Por qué se suele hablar de la “dictadura” de Fujimori?
CARLOS RIVERA: En primer lugar, por el autogolpe de Estado. Fujimori, con su famosa frase “disolver, disolver el Congreso de la República” cerró el orden constitucional. Esa misma noche expulsó a los miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la Nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y expulsó a cerca de un 20% de jueces de todo el país, principalmente de Lima. Y a la semana, además de intervenir los medios de comunicación, ya había sustituido a todos los jueces por gente que ya sabía que iba a jugar un papel en favor del régimen. Ya en el año ‘92 estaba en marcha un plan de corrupción sistemática, de apropiación de fondos públicos para comprar medios de comunicación, jueces, fiscales y para ocultar no sólo el hecho de haber roto el orden constitucional sino los crímenes que se habían estado cometiendo desde antes del golpe de Estado.
La semana pasada el periodista Gustavo Gorriti reveló un hecho fundamental: cómo Fujimori hace su primer millón. Alberto Fujimori, recién electo, viaja a Japón para pedir donaciones para hacer colegios en Perú y todo eso fue a sus cuentas personales. No es que la corrupción empiece en el año ‘92, como se ha sostenido, Fujimori llega con un plan criminal en el ‘90. En el juicio se vio muy claramente cómo Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado.
D.: ¿Se puede decir que la corrupción era la finalidad y no el efecto secundario?
C.R.: Sí, yo creo que sí. La corrupción comienza en el momento en que Fujimori gana esa segunda vuelta y traza un plan criminal con Vladimiro Montesinos y lo va ejecutando. Este plan criminal se ejecuta con dos bases: una es la promoción de Montesinos, que con el paso del tiempo se vuelve decisiva en la conducción del Estado, no solamente en las Fuerzas Armadas. La segunda base es la familia de Fujimori, desde los hermanos, las hermanas a los cuñados, todos son parte de una suerte de red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado.
D.: ¿Hay alguna estimación de cuánto fue robado?
C.R.: La procuraduría hace año y medio hizo un esfuerzo de estimar cuánto se había sustraído al Estado y habla de unos seis mil millones de dólares. Acá el sueldo mínimo es 550 soles, es decir, unos 200 dólares. Ésa es la investigación que hace la procuraduría, pero hay otra investigación que hace Alfonso Quiroz que acaba de publicar un libro en Nueva York que se llama Círculos Corruptos. Él estima que puede ser el doble. Según Fujimori, una pieza fundamental de su Gobierno era la modernización del Estado, que en buena cuenta significó la reducción del Estado por la privatización de empresas públicas. Veníamos de una desastrosa gestión del Gobierno de García en la administración del Estado y supuestamente todas las empresas tenían cifras en rojo y había que venderlas porque el Estado era un armatoste que no servía para nada. Eso en parte era cierto, pero también es cierto que había algunas empresas públicas que no tenían cifras en rojo y que igual se vendieron. Un ejemplo de eso fue el proceso de venta de AeroPerú, la línea de bandera peruana. Hasta ahora se sigue investigando si se vendió al precio que correspondía. ¿Cuánto dinero dio ese proceso de venta de empresas públicas? Entre 12 y 15 mil millones de dólares. Ese dinero fresco que entró al Estado peruano permitió esa política asistencialista que hoy es el origen de ese 20% de apoyo incondicional de Keiko Fujimori.
“Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero creo que es en realidad una suerte de regreso de los muertos vivientes”
“El regreso de los muertos vivientes”
D.: Keiko se presenta con un equipo de Gobierno similar al de su padre.
C.R.: Más que similar, yo diría que es el mismo equipo de Gobierno que el de su padre. Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero en realidad es una suerte de regreso de los muertos vivientes. Toda la plana mayor del fujimorismo, los golpistas del ‘92, son los que han vuelto. Uno de los más importantes es Jaime Yoshiyama. Es cierto que tuvo problemas con Montesinos, pero él fue pieza clave en el golpe de Estado y en la consolidación del golpe en los años siguientes. Las principales defensoras de Fujimori en materia de crímenes contra los derechos humanos, que eran Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, han vuelto y dos de ellas ya son nuevamente congresistas. Incluso el publicista principal de Fujimori, Edgardo Daniel Borobio, es el que de alguna manera le hace la campaña a Keiko. La hija de Fujimori empezó la campaña diciendo que ella se distanciaba de su padre, que ella es diferente, que no obstaculizará a la justicia… Pero en la última semana hay por lo menos tres hechos públicos en los que ella aplaude a su papá y dice que ha sido el mejor Gobierno de la historia. Hay un retorno, con mucha fuerza, a los ‘90. Y hay una asunción de que todo lo que se hizo fue bueno y no hay ninguna autocrítica. Es la mejor evidencia de que quien conduce todo esto es nuevamente Alberto Fujimori.
D.: ¿Qué consecuencias tendría la elección de Keiko para los juicios de derechos humanos?
C.R.: Sería un desastre. Lo que no nos deja de extrañar es que esto ocurra no después de 50 años, sino de diez… Todo está muy fresco. Tan fresco que el 15 de abril pasado se entregó a la justicia Juan Carlos Hurtado Miller, el ex primer ministro de Fujimori, tras haber pasado diez años prófugo. Y hay muchos juicios que todavía no han culminado. Fujimori acaba de cumplir dos años de la sentencia principal que se le aplicó. Todo está bastante fresco en la memoria, pero creo que, desgraciadamente, no de todos los peruanos. Creo que el fujimorismo llega con una agenda contra los derechos humanos. No hay una autocrítica en el fujimorismo ni en Keiko, que sigue defendiendo que su papá es inocente. Rafael Rey, la persona que intentó desde el Gobierno aprista liquidar todos los casos de violaciones de derechos humanos, se presenta de vicepresidente. Si alguien quiere saber cuál va a ser la política de derechos humanos de Keiko simplemente tiene que revisar el curriculum de los miembros de la plancha presidencial o de los principales voceros del fujimorismo.
“Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado”
La histórica lucha por los derechos humanos
D.: ¿Cómo surge la lucha por los derechos humanos en el Perú?
C.R.: La historia del Instituto de Defensa Legal ha estado vinculada desde sus inicios al proceso de violación de los derechos humanos en el Perú y el propio conflicto armado de las década de los ‘80 y los ‘90. El conflicto interno ha atravesado varios momentos. Una primera etapa es el inicio del proceso de violencia, entre 1982 y 1983, en la que muy pocos entendían a qué fenómeno se estaba enfrentando el Perú. Este discurso, un tanto mesiánico, de Sendero Luminoso; la reacción igual de violenta e igual de desinformada por parte de las Fuerzas Armadas… En esos años se inicia el proceso de militarización de la zona central y sur, de Ayacucho, Huancavelica, Junín, que abre un proceso desbocado de violaciones masivas a los derechos humanos. En los años 1984 1985, aparecen los primeros casos de desaparición forzada, primero contados, luego de manera masiva. Y de ahí un salto cualitativo y cuantitativo hacia una masificación de la violencia con el primer Gobierno de Alan García [1985-1990]. Ese momento coincide con la consolidación de las organizaciones de derechos humanos como grupos básicamente de denuncia. Aparece el IDL, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y comienza a formarse lo que hoy es la Coordinadora de Derechos Humanos. A pesar de que ya en ese momento hay una acusación de que las ONG son una fachada de la subversión, hay un deslinde radical sobre eso, con una condena firme frente a Sendero Luminoso y frente al MRTA. Y eso es lo que marca la actuación de las organizaciones de derechos humanos desde ese momento. De todas formas hubo persecución. En ese momento se definía a las organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la subversión y todo lo que sonara a crítica, a denuncia o a exigencia de cambio en la estrategia contrasubversiva de tierra arrasada era asumido como parte del discurso de la subversión.
Lee más »
