Archivos para Movimiento campesino

El “Congresso da Classe Trabalhadora”, un retroceso inocultable

Posted in Latinoamérica with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 18 junio 2010 by La Historia Del Día

Ernesto Herrera

Correspondencia de Prensa

La convocatoria entusiasmaba. El Congresso da Classe Trabalhadora (Conclat) se proponía unificar, en una nueva central clasista, a las corrientes sindicales, populares, estudiantiles, que resisten la ofensiva del gobierno Lula y los empresarios. Y que, al mismo tiempo, enfrentan a las centrales (CUT, Força Sindical, etc.) sometidas al gobierno y al orden capitalista.

El Conclat se realizó los días 5 y 6 de junio en la ciudad de Santos. (1) La masiva concurrencia reflejaba las expectativas creadas: 4.000 participantes y 3.200 delegados/as; cerca de 350 sindicatos, federaciones, movimientos y asociaciones que representaban, según los organizadores, a más 3 millones de trabajadores. En los meses previos, 926 asambleas de base habían reunido alrededor de 20 mil trabajadores para debatir las distintas tesis, hacer propuestas, elegir delegados/as.

La presencia de numerosas delegaciones extranjeras, llegadas de 26 países de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón, le aportaba al Conclat la imprescindible dimensión internacionalista. Particularmente emotiva fue la presencia de Sotiris Martalis, del sindicato de profesores de Grecia, perteneciente a la ADEY (Confederación de Sindicatos del Sector Público), quien relató la lucha de los trabajadores griegos que enfrentan el brutal ataque capitalista contra los salarios, el empleo, y las jubilaciones. (2)

Relaciones de fuerza

Para los miles de participantes que se involucraron con la unificación, el Conclat era una suerte de síntesis de sus diversas experiencias. Es decir: traducía a un nivel organizativo y programático el comienzo de una reorganización sindical y popular que, si bien en una situación defensiva, se construía desde la oposición al programa neoliberal del gobierno patronal encabezado por Lula. Expresaba, por otra parte, los esfuerzos por unificar las luchas, pautar demandas y buscar consensos sobre puntos que dividían al campo clasista y anticapitalista.

Aunque todavía un fenómeno de vanguardia, minoritario en el conjunto de la clase trabajadora y sin la presencia de un sector decisivo de los explotados, como son los campesinos sin tierra (organizados mayoritariamente en el Movimento dos Trabalhadores Rurales Sim Terra), este proceso de unificación reflejaba la energía social acumulada en capas significativas del movimiento popular.

De hecho, el Conclat expresaba a un cierto nivel, el surgimiento de un nuevo sindicalismo. Un sindicalismo que, a la vez, vincula las demandas más concretas de las masas trabajadoras con el conjunto de las movilizaciones de los explotados y oprimidos bajo una perspectiva anticapitalista. De allí que el Conclat despuntaba como la posibilidad (tan sólo eso) de una alternativa para la disputa en las relaciones de fuerzas globales.

Porque de eso se trataba. De construir un instrumento para modificar (o intentar modificar) las relaciones de fuerzas entre el campo sindical clasista y las corporaciones sindicales subordinadas, política y materialmente, al aparato del Estado capitalista. (3) El jueves 3 de junio, una nota del diario Folha de Sao Paulo revelaba el escandaloso precio de esa subordinación: las centrales sindicales aliadas al gobierno habían recibido, desde 2008, la suma de 228 millones de reales (126,3 millones de dólares) como “rembolso” del “impuesto sindical”. (4)

El Conclat tenía por delante el desafío de superar, en beneficio de las clases trabajadoras y oprimidas, la “bancarrota del proyecto sindical de izquierda combativa e independiente” iniciado con las grandes huelgas obreras de los años 1978-1980 y con la fundación de la CUT (Central Única dos Trabalhadores). Por tanto, el desafío exigía avanzar en la construcción de una alternativa clasista con incidencia decisiva en sectores claves de la clase trabajadora. Una delegada, trabajadora de la enseñanza, resumía el sentir de la base militante: “volvemos a fundar el sindicalismo de clase”.

No obstante, este horizonte fue diluyéndose en el transcurrir mismo del Congreso. Pesó mucho más, para los aparatos sindicales de Conlutas e Intersindical, la “razón” de sus propios argumentos y la “victoria” de sus propuestas. Arengaron a su tropa. Escucharon nada. Impusieron – desde la tribuna y los grupos de discusión – una lógica de competencia. Hicieron prevalecer la disputa por las relaciones de fuerzas…al interior del Conclat.

Lamentablemente, el Conclat no logró afianzar ese camino de unidad. Por el contrario, terminó produciendo una grave fractura. Y esta “interrupción del proceso de unificación” – que se venía gestando desde el Foro Social de Belén (enero 2009) – es, por donde se la mire, un pesado retroceso. Imposible de ocultar o disfrazar. Bastaba ver el gesto amargo, desolado, indignado, de trabajadores y luchadores sociales de a pie – venidos con mil sacrificios de todo el país – para percibir las consecuencias del fracaso. De pronto, la contagiosa esperanza de los días anteriores se había apagado.

Mayoría sin liderazgo

La convocatoria al Conclat lucía en banderas y camisetas: “Vamos a unir para fortalecer la lucha”. En esa simple consigna se planteaban las tareas: el Congreso para superar la fragmentación de la izquierda sindical; la nueva central como instrumento para organizar la lucha contra el capital.

En las distintas tesis presentadas (5) se podían encontrar convergencias y divergencias importantes, por ejemplo, sobre el funcionamiento de la futura central, la proporcionalidad, la integración y las atribuciones de la dirección. Lo mismo se podría decir respecto al análisis de la coyuntura nacional: había una “tensión de fondo” marcada por la campaña electoral. En el Congreso se hizo patente la rivalidad entre los que optaban por la candidatura de Ze María-PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) y los que optaban por la de Plinio de Arruda Sampaio-PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), como dos caminos distintos de expresar la lucha y los intereses de los trabajadores contra los dos partidos del orden burgués (PSDB y PT). El cobro de “responsabilidades” en torno a la no concreción del Frente de Izquierda, fueron una constante durante el Congreso.

Evidentemente, una candidatura presentada bajo el lema Frente de Izquierda, hubiera creado mejores condiciones para modificar la falsa polarización “centro-izquierda/centro derecha”, que el sociólogo Ricardo Antúnes describe como un peligro de “americanización” del sistema político brasilero.

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Paraguay ya casi tiene su ley antiterrorista

Posted in Latinoamérica with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13 junio 2010 by La Historia Del Día

Abel Irala

Rebelión

En su sesión del jueves 11 de junio la Cámara de Diputados del Paraguay aprobó la Ley “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”, más conocida como la Ley Anti terrorista. “En el primer intento de aprobación de esta Ley en el año 2002, se produjo una gran protesta popular rechazando también la privatización de entes públicos y otras consignas más; movilización que logró su objetivo pero a un precio muy caro: la vida de Calixto Cabral, militante de las organizaciones campesinas que habían encabezado dichas movilizaciones”1.

El proyecto había sido presentado a inicios de este año por el Presidente de la República Fernando Lugo. Con la aprobación realizada por los Diputados, sólo falta la firma del ejecutivo para promulgar la Ley, para lo cual hay un plazo no mayor de seis días, por lo que si Lugo mantiene su postura, el Paraguay se unirá a las Lista de países Sudamericanos con Leyes Antiterroristas propuestas por los Estados Unidos.

Paralelamente a la sesión de los Diputados, ocurrían otras cosas en el país, ocurría por ejemplo un cierre de ruta intermitente, como forma de protesta realizada por pobladores del Departamento de Concepción, exigiendo el arreglo de caminos. Un grupo de funcionarios públicos se manifestaban reclamando el pago de las horas extras trabajadas; las Centrales Obreras siguen manejando la posibilidad de llevar adelante una Huelga General para los próximos días. Las principales Organizaciones Campesinas, como la MCNOC, CONAMURI, CENOCIP, OLT, entre otras, realizaban un Congreso Unitario del campesinado, que arrojó como resultado una serie de resoluciones muy importantes entre las que cabe destacar: El pedido de rechazo de la Ley Antiterrorista a Fernando Lugo (con quien se reunieron para presentar sus propuestas) e iniciar el proceso de “recuperación patriótica de las tierras mal habidas”.

Para el dirigente Campesino Belarmino Balbuena: la aprobación de la Ley Anti terrorista significa “un retroceso en el proceso de transición democrática” y considera que ha sido un error político de Fernando Lugo haber promovido este proyecto de Ley. “No estamos de acuerdo con el terrorismo, estamos de acuerdo con una lucha democrática, participativa, el punto de debate no está allí; el cuestionamiento está en qué es lo que ellos (las autoridades nacionales) tipifican como hechos terroristas, a qué sectores responden los parlamentarios que aprobaron esta Ley, quiénes van a poner en ejecución la Ley, el Poder Judicial? El poder unido a los sectores mafiosos?. Esta Ley no ha puesto en discusión con la ciudadanía, no se ha hecho una campaña de consulta con la gente, con el pueblo”. Balbuena es uno de los principales referentes de la lucha campesina en el país y de gran protagonismo en las presiones llevadas adelante por las organizaciones sociales para la no aprobación de la Ley del terror.

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Perú: Un año de la masacre de Bagua

Posted in Latinoamérica, Reflexiones with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 5 junio 2010 by La Historia Del Día

Raúl Zibechi

La Jornada

 

El movimiento indígena peruano se apresta a recordar el primer aniversario de la masacre de Bagua con movilizaciones y jornadas de lucha en todo el país. El reciente retorno de Alberto Pizango, principal dirigente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a mil 300 comunidades, fortalece el protagonismo de los pueblos amazónicos en la vida política peruana. Pizango retornó de su exilio de un año en Nicaragua, fue detenido y llevado a la justicia, que lo dejó en libertad restringida.

El 5 de junio de 2009, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para conseguir la derogación de los decretos legislativos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, una feroz represión por aire y tierra se saldó con 34 muertos oficiales, 10 indígenas y 24 policías, cuando las tropas pretendieron desalojar a los miles que bloqueaban carreteras. La brutal represión en la Curva del Diablo habría provocado muchos más muertos en filas indias que los reconocidos oficialmente, según denuncia de las organizaciones amazónicas.

Luego de la represión y la persecución de sus dirigentes, los pueblos de la Amazonia consiguieron una resonante victoria al derogar el gobierno de Alan García los decretos más polémicos. Más aún, el 19 de mayo el Parlamento aprobó la Ley Marco de Consulta Previa que estipula que los emprendimientos mineros deberán pasar por una fase de consulta con los pueblos. Aunque no recoge todas sus demandas, se considera un nuevo triunfo de los pueblos amazónicos.

Los conflictos sociales en defensa del ambiente vienen escalando en Perú. La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento son conflictos relacionados con la actividad minera. Respecto del año anterior, los conflictos se duplicaron, lo que revela que las comunidades están cada vez menos dispuestas a tolerar la actividad de la minería transnacional que contamina fuentes de agua y provoca daños a la salud de la población. Desde que se instaló el régimen de Alberto Fujimori en 1990, los sucesivos gobiernos apostaron a la expansión de la explotacióón minera como eje del crecimiento económico. Alan García pretende parcelar 63 millones de hectáreas de la selva en propiedades de cinco a 20 mil hectáreas, para fomentar la inversión.

El levantamiento amazónico puso en cuestión el Estado-nación peruano. Muchos analistas hablan de una crisis irreversible del modelo estatal heredado de la Colonia. Es una crisis que no es coyuntural sino estructural, con lo cual estaríamos llegando a una etapa de cambio de era, escribió el historiador Manuel Burga poco después de la masacre de Bagua (La República, 28 de junio de 2009). En su opinión, se está llegando a una situación inédita por la cual un nuevo modelo de nación va a exigir un nuevo modelo económico.

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Paraguay: Gobierno de Lugo despliega Plan Colombia en la región

Posted in Latinoamérica, Reflexiones with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 12 mayo 2010 by La Historia Del Día
ALAI net

Orlando Castillo Caballero

 

¿Estado de excepción o estado de intervención y criminalización con mirada hacia Bolivia?

El Ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, anunció en días pasados la Promulgación de la Ley 3.994/10 del 24 de abril del corriente año, por la cual el presidente Lugo declara el Estado de Excepción en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto paraguay.

La ley en cuestión fue tratada por el Congreso Nacional de manera urgente y promulgada luego de pocos días de haber sido enviada por el Poder Ejecutivo. Con esta ley se habilita al ejecutivo a disponer de los efectivos de las Fuerzas Armadas en las citadas zonas, donde en los dos primeros departamentos (Concepción y San Pedro) existe un importante numero de organizaciones campesinas.

Esta es la segunda vez que se utiliza -durante este decenio- la figura del Estado de Excepción, primeramente la utilizó el ex Presidente Luis Ángel González Macchi, en mayo del 2000, ante una intentona de golpe de Estado, que realizara el golpista Lino Oviedo.

El Estado de Excepción, una figura constitucional de carácter extremo, regulado por la Carta Magna paraguaya en su artículo 288, establece como requisitos fundamentales para el mismo, la existencia de un Conflicto Armado Internacional o una Grave Conmoción interna, que peligre la institucionalidad estatal, presupuestos ambos que no se han dado, pero que a pesar de ello el mismo se ha establecido.

La razón alegada por el Jefe del Ejecutivo y el Ministro del interior es principalmente el combate del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en menos de 2 años, ha sido la principal vía de escape del gobierno a las debilidades políticas intrínsecas y de sus demonios internos, como es la Vicepresidencia.

El denominado EPP ha servido como chivo expiatorio del gobierno, que en 5 oportunidades ha movilizado una importante cantidad de efectivos policiales y militares en las zonas de San Pedro y Concepción, donde a la par de estos operativos se ha registrado un elevado número de desalojos, más de 500 procesos a líderes campesinos, y donde ya 7 líderes campesinos han perdido la vida, durante los dos años de Gobierno.

El estado de excepción además de mirarse como un retroceso democrático, y como un grave desatino político del gobierno de Lugo, debe mirarse dentro de un contexto más amplio, y principalmente más riesgoso para los movimientos sociales nacionales y para la estabilidad regional.

El Paraguay sin haber firmado ningún convenio de cooperación militar y de seguridad con los Estados Unidos -de manera estricta- ha sido el país en la región -luego de Colombia- que más ha desarrollado la receta de seguridad de aquel país y el que más ha facilitado la inserción de los mismos en la región.

El estado de excepción declarado posterior a la muerte de 4 personas en un enfrentamiento, que no se sabe con certeza si fue el EPP o algún grupo mafioso de la zona, tuvo el rápido apoyo de los gremios que estarían ligados a ciertas mafias locales, como la Asociación Rural de Paraguay –ARP-.

El recientemente re-electo presidente de la ARP, Néstor “Tito” Núñez, manifestó a la prensa el apoyo del sector al ingreso de los militares en los citados departamentos, para exterminar al grupo de delincuentes del EPP. Además, el ganadero, haciendo propias las ideas del Ministro del Interior, que en enero pasado cuestionó la labor de organizaciones de Derechos Humanos en la denuncia de torturas y de búsqueda de chivos expiatorios dentro de las organizaciones campesinas1, manifestó que las mismas debían definirse con respecto a defender a criminales.

Núñez manifestó que las organizaciones de Derechos Humanos no debían opinar con respecto al Estado de Excepción pues siempre defienden a criminales, terminología utilizada de manera indiscriminada contra todo activista social. Según esta caracterización, todo activista social es actual o potencialmente colaborador logístico del EPP, por lo tanto sospechoso y susceptible de aprensión y sin beneficios reconocidos en la legislación penal, como la detención domiciliaria u otras medidas alternativas.

Indiscutiblemente la declaración del Estado de Excepción, no es solo una medida política, sino también económica, desde el momento en que las acciones ciudadanas de presión hacia las autoridades locales no van a poder desarrollarse con las mismas garantías establecidas en la constitución, por tanto cualquier desalojo o detención de persona se podrá realizar sin orden judicial alguna, y así defender la propiedad privada.

La ambigüedad en términos de restricción de derechos, deja en manos del jefe operativo y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, las decisiones sobre hechos que se registren dentro del campo de acción.

Concepción y San Pedro son los departamentos con mayor número de campesinos movilizados, y son los departamentos donde más ejercicios militares de los Estados Unidos se han realizado en los últimos años, que en conjunto llegan a más de 16, además de contar con zonas muy accesibles de explotación del Acuífero Guaraní.

Estas zonas ya fueron identificadas como de suma importancia por los efectivos militares norteamericanos, quienes han desarrollado teatros operacionales de grupos armados, y donde entre diciembre y febrero pasado, se encontraban asesores colombianos instalados.

Se han contabilizado 10 asesores colombianos en el país, 8 de los cuales fueron declarados oficialmente por el gobierno como expertos en temas de secuestros en el caso del ganadero Fidel Zavala2, pero dos de ellos llegaron al país durante la entrega de armamentos israelíes a las Fuerzas nacionales en enero pasado3.

Los armamentos de procedencia israelí son utilizados actualmente por las fuerzas especiales entrenadas en Colombia y en Estados Unidos, y se suma al arsenal y tecnología donados al Paraguay durante la presentación del batallón antiterrorista el pasado 4 de noviembre del 20094.

Este batallón, conjuntamente con los asesores colombianos, se encuentran realizando el trabajo de campo en Concepción, además de los 2 expertos en armas ingresados este año solo por unos días, de los cuales no se tienen noticias de si abandonaron el país, es decir, los mismos podrían encontrarse aún en la zona de Concepción.

Cabe destacar que el principal referente de la cooperación colombo-paraguaya es el agregado militar del país cafetero en Paraguay, el coronel Jorge Humberto Jerez Cuéllar, quien en declaraciones a la prensa nacional advirtió sobre el ingreso de las FARC en el país. El citado militar se encuentra en el país dentro del marco de cooperación entre ambos países, documento que fuera firmado ya en el 2001, posterior al secuestro de María Edith de Debernardi5 y año desde el cual se viene estableciendo la supuesta conexión del movimiento o de líderes campesinos con grupos armados.

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El agua, un derecho humano no un negocio

Posted in Latinoamérica, Reflexiones with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 12 mayo 2010 by La Historia Del Día
Alberto Acosta

Rebelión

 

“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

Constitución de Montecristi, artículo 12, 2008

 

Uno de los puntos en que más se avanzó en la Asamblea Constituyente de Montecristi fue el relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos. De hecho, los logros en ese campo llevaron a que muchas personas se decidieron a votar por el SÍ en la consulta popular del 28 de septiembre del 2008, en la que se aprobó mayoritariamente la nueva Constitución.

 

En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas definitivo de la llamada “revolución ciudadana”. Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.

 

Tal como sucede en estos días, cuando se discute la ley de recursos hídricos, dentro y fuera de Montecristi, asomaron quienes defendían el agua como un derecho humano fundamental y quienes actúan por sus intereses particulares.

 

Recordemos la presión de INTERAGUA, la empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil y que ha conseguido en estos días la ampliación de su concesión en contra de los resultados negativos de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado. Sus intereses fueron defendidos por representantes propios, que rondaban permanentemente por los pasillos de la Asamblea Constituyente, e incluso por un par de asambleístas del movimiento oficialista y algún alto funcionario del gobierno del presidente Rafael Correa. Estos grupos intentaron buscar una salida sustentada apenas en “el derecho al acceso al agua”, para dejar abierta la puerta a su mercantilización, es decir su privatización. Y todo indica que estos grupos son los que han propiciado la ampliación de la concesión incluso antes de que se apruebe la ley de aguas.

 

Pero en Montecristi, a la postre, con una amplia mayoría se impuso la tesis de la vida. El agua no puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano fundamental. Por eso la Constitución no se circunscribió exclusivamente en impedir la privatización del agua, sino que fue explícita al propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva la prohibición para todo tipo de venta de derechos o permisos de uso, no se diga concesiones que conducen al acaparamiento del agua por parte de unos pocos en desmedro de las mayorías.

Para conseguir este logro, tal como acontece en la actualidad, se contó con una alta participación y movilización de la sociedad, particularmente del movimiento indígena y campesino, unido férreamente por la defensa del agua. Esa presencia y ese aporte fueron sustantivos. Sin minimizar el trabajo de muchos asambleístas, cabe resaltar que la contribución de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas desde hace muchos años con la defensa del agua, como Ecuarunari, Conaie, Fenocein, Foro de los Recursos Hídricos, entre otras, permitió consolidar una posición vigorosa.

 

Concentración, mal uso y contaminación

 

Ecuador es un país con agua suficiente en términos nacionales y con cuatro veces más agua superficial que el promedio per cápita mundial. Pero el problema es que está mal distribuida, que la contaminación crece y que las fuentes la destruyen de manera acelerada.

La concentración del agua en pocas manos es notable. El Estado, a través de 64.300 concesiones, ha entregado 2.240 m3/s de agua; un caudal superior en la realidad por la apropiación indebida del líquido vital.

Las dos terceras partes de dicho caudal (74,28%) se registraron en el subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego con 31.519 concesiones representa el 49,03% del total; es decir 19,65% del caudal. Las concesiones para el uso doméstico del agua son numerosos, 21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado.

Muchas de las grandes empresas, por ejemplo las bananeras, los ingenios azucareros o las camaroneras, pagan míseras sumas por el agua utilizada. Los campesinos que cultivan arroz en la provincia del Guayas, por ejemplo, pagan un valor 120 veces superior por el acceso al agua del que pagan el ingenio San Carlos o la bananera REYBANPAC; los campesinos Toacazo en la provincia de Cotopaxi pagan 52 veces más y los de Licto en la provincia del Chimborazo pagan 35 veces más. Además estas grandes empresas se benefician del agua obtenida al margen de las disposiciones legales. Y hay por cierto concesiones desaprovechadas, pues los propósitos especulativos están a la orden del día.

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De la coca al poder (Descargar Libro)

Posted in Libroteca with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 7 diciembre 2009 by La Historia Del Día

Salazar Ortuño, Fernando B.

De la coca al poder : políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia, 1975-2004 . – 1a ed. – Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2008.http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/

352 p. ; 23×16 cm. – (CLACSO-CROP)

 ISBN 978-987-1543-08-3

Descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:

Pobreza / Políticas Públicas / Economia Rural-Campesina / Comunidades Campesinas / Cultivos de Coca / Desarrollo Alternativo / Cooperacion Internacional / Conflictos Sociales /Bolivia / Trópico de Cochabamba

INDICE

Introducción

Capítulo I

Pobreza y políticas públicas en comunidades campesinas

Capítulo II

Políticas de colonización y pobreza durante la conquista del Chapare

Capítulo III

Conflicto y negociación en políticas de erradicación de cultivos de coca

Capítulo IV

Límites de los programas de desarrollo alternativo

Conclusiones

Bibliografía

___________

 

Este libro analiza una de las problemáticas sociales más complejas y apasionantes de América Latina: el fenómeno del movimiento de los productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, Bolivia, quienes consolidaron una economía campesina basada en la producción legal del cultivo de plantas de coca. En una actitud de doble moral, los países industrializados, con Estados Unidos a la cabeza, acusaron a los campesinos productores de coca de ser los principales responsables de la economía ilegal de la cocaína, y diseñaron y ejecutaron políticas de erradicación y sustitución forzosa de estos cultivos. Entre los resultados de esta intervención, vigente durante tres décadas, se cuentan los miles de millones de dólares que beneficiaron especialmente a corporaciones y entidades de represión norteamericanas, creando además burocracias nacionales que permitieron el funcionamiento de la maquinaria generadora de pobreza y violencia en contra de los campesinos productores de hoja de coca. Otro de los resultados es la continua resistencia de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que creó instrumentos de movilización y defensa de la hoja de coca. Con base en esta experiencia y avance cualitativo, el movimiento cocalero respaldó las reivindicaciones sectoriales de organizaciones campesinas, indígenas, mineras y urbanas del país. Se consolidaron nuevos sujetos políticos que actuaron como movimientos sociales en defensa del agua, el gas y demás recursos naturales del país. El resultado de este proceso fue la emergencia de una conciencia política nacional que impulsó la elaboración de un programa político y la fundación de un instrumento político, el MAS-IPSP, mediante el cual se fueron copando espacios de poder local en los municipios, para luego disputar la toma del gobierno nacional y finalmente imponer, en diciembre de 2005, al dirigente cocalero Evo Morales Ayma como presidente constitucional de la República de Bolivia. 

 

Descargar Libro: De la coca al poder

 

ALCA, las dificultades de enterrar a un muerto

Posted in Latinoamérica with tags , , , , , , , , , , , , , , , on 12 noviembre 2009 by La Historia Del Día

Alejandro Villamar

Alai-amlatina

Muchos recordamos la reunión de Mar del Plata, Argentina (noviembre 2005), como la gran derrota del proyecto imperial hemisférico del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), pero poco o nada se ha mencionado acerca de que la vieja agenda del ALCA continúa promoviéndose y recreándose en las reuniones gubernamentales, empresariales o “civiles” del ahora llamado “Proceso de la Cumbre de las Américas”, fomentado desde la OEA.

En estos cuatro años pasados se han realizado varias reuniones ministeriales “de las Américas” sobre importantes temas como defensa, competitividad empresarial, seguridad pública, e incluso, casi como en los viejos tiempos, una Cumbre de las Américas. Sin embargo, probablemente ninguna de ellas ha tenido tanta continuidad y mandato oficial como la recién realizada V Reunión de Ministros de Agricultura (Jamaica, Octubre, 2009).

Una reunión ministerial en la que pervive, con ligeros cambios, la misma estrategia hemisférica orientada y asumida en los tiempos del régimen de G.Bush: el Plan AGRO 2003- 2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas. Un plan con directrices generales y nacionales y con una secretaría técnica que recae en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), asegurándole de esta manera continuidad a la orientación de la agenda neoliberal dominante de los agronegocios en el hemisferio.

Discursivamente, las reuniones bianuales de los ministros le dan actualidad al Plan y con ese fin se producen documentos orientadores e incluso propuestas semioficiales que prefigurarían los cambios o actualizaciones en las orientaciones del Plan que los ministros aprueban.

Antes de esta V reunión ministerial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el IICA prepararon un Resumen de Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2009, en el cual por primera vez se asentaba la necesidad de dar un giro y prestar atención a la agricultura familiar, a la inversión orientada socialmente, a articulaciones empresariales dirigidas a fortalecer mercados locales, nacionales y regionales. Un cambio importante frente al acento ministerial de años atrás, de acentuar retóricamente el enfoque en el mejoramiento del ingreso, pero por la vía de los agronegocios, de las exportaciones, de la introducción del paquete tecnológico controlado por las trasnacionales, lo que en la práctica devenía en excluir a la agricultura familiar, campesina e indígena, es decir, a la mayoría de los productores rurales.

En ese mismo sentido de cambio, oportunamente se expresaron organizaciones sociales e intelectuales comprometidos con la sustentabilidad socio-ecológica que demandaban a los ministros: “La pequeña agricultura debe volver a recuperar su importancia en las estrategias de desarrollo agropecuario… Los pequeños agricultores deben ser uno de los pilares para un nuevo desarrollo rural””… el encuentro ministerial de las Américas debe volver a poner a los pequeños agricultores en el centro de un nuevo estilo de desarrollo rural, que no puede ser meramente empresarial o comercial, ya que deberá nutrirse de muchas otras dimensiones.”(OXAFAM, IPDRS, CLAES, octubre de 2009): Las añejas y justas demandas de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sin embargo, en el Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas, (del 29 de octubre de 2009) no aparecen los cambios demandados por los asesores institucionales, ni mucho menos las demandas de las organizaciones sociales. Y aún peor, la reunión ministerial fue ocasión para elegir como nuevo director del IICA, a un distinguido e hiperactivo funcionario neoliberal mexicano que fungirá también como secretario técnico del Plan 2003-2015.

Un funcionario cuya trayectoria en México y en las negociaciones agrícolas internacionales ha dado muestras fehacientes de su fidelidad a los intereses corporativos del libre comercio, con evidente predilección por Monsanto y similares, y persistente opositor a las demandas campesinas e indígenas y ambientalistas. En el terreno internacional de negociaciones del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad se le recuerda como saboteador de la propuesta de hacer vinculante el principio de precaución y de avalar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales con organismos vivos modificados. Conducta públicamente denunciada por las organizaciones campesinas y ambientalistas, por los académicos miembros del Consejo Consultivo Nacional de Bioseguridad que terminaron renunciando masivamente en señal de protesta, e incluso provocó una queja pública del Senado de la República.

En México, también entre otras acciones, fue promotor de la caricatura de ley de bioseguridad, de cabildero para que las empresas biotecnológicas obtuvieran los permisos de siembra de maíz transgénico (amenazando al centro de origen de cultivo tan importante para la agricultura campesina-indígena, como lo ha demostrado la Campaña: Sin Maíz No hay País), de promotor de la iniciativa de Ley de Recursos Fitogenéticos, encaminada a facilitar la biopirateria de semillas, y del conocimiento tradicional (finalmente frustrada por la protesta indígena y social), y de defender a ultranza la ley de agrocombustibles, y el TLCAN (NAFTA).

Otra conducta, poco conocida, de éste funcionario neoliberal, pero que ahora desde IICA, será sin duda bastante perceptible, es que fue uno de los entusiastas apoyos e instrumentadores de la Iniciativa Biotecnológica de Norteamérica (NABI por sus siglas en inglés) estrategia sustancial de la agenda trasnacional biotecnológica, adoptada en la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), recién transformada en Caminos para la Prosperidad de las Américas, un disfraz más de la vieja agenda del ALCA.

Desde su nueva responsabilidad Víctor Villalobos, ex Coordinador de Asuntos Internacionales en la. Oficina del Secretario de Agricultura, México, podrá profundizar la línea de promover los intereses trasnacionales biotecnológicos, que un importante sector de IICA ha venido instrumentando desde el 2003, con el Programa Hemisférico de Biotecnología y Bioseguridad (PHBB) y del que por primera vez hace recuento (en español) en su informe “La contribución del IICA al desarrollo de la biotecnología y la bioseguridad”. (Informe de Gestión 2002-2008. pp 165-173) .

Con esos antecedentes fue elegido el nuevo director de IICA, y con ello se consolida y fortalece una de las facetas del IICA: funcionar como correa de transmisión de la dupla Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA)-Industria biotecnológica en el PLAN 2003-2015 de las Américas.

Así, las reuniones ministeriales siguen, el Plan 2003-2015 continua, la secretaría técnica del Plan queda abiertamente en manos de un cipayo de las trasnacionales. El cadáver del ALCA no terminamos de enterrarlo. Y no se sepulta completamente porque la agenda neoliberal sigue viva en no pocos funcionarios y tecnócratas de países latinoamericanos y del Caribe, y estos continúan inercial y activamente contraponiéndose a los esfuerzos de construcciones alternativas de países con gobiernos progresistas. Incluso, pareciera que aún en varios de esos gobiernos progresistas, actores político empresariales y académicos que se identifican con la política neoliberal actúan muy dinámicamente y siguen con la suficiente fuerza para continuar imponiendo el discurso desarrollista, el modelo de los agronegocios corporativos, y dándole aliento a un cadáver que no termina de ser sepultado.

¿Es hora de que la alianza de organizaciones campesinas, sociales, académicas y gobiernos progresistas del hemisferio terminen de incinerar al cadáver del ALCA-Agricultura?

Alejandro Villamar es Miembro del Secretariado de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)

Fuente: http://alainet.org/active/34335

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